El pasado 3 de febrero, en Paraguay, tuvo lugar el acto de asunción de quienes desempeñarán tareas en el Instituto Social del MERCOSUR, designados a través de un concurso público internacional entre ciudadanos de los cuatro Estados Parte del bloque regional (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Este hecho, a primera vista de escasa trascendencia, tiene una profunda relevancia política para la región: es un paso más en la consolidación de la dimensión social del proceso de integración. Por un lado, en perspectiva histórica, es una clara expresión de cuánto se ha transformado desde 2003 un esquema regional que no por azar en décadas pasadas era denominado “MERCOSUR fenicio”. La marca del proceso era su centralidad en lo exclusivamente comercial por encima de toda otra consideración en términos de desarrollo productivo, inclusión social o integración política. Por otro lado, este hecho confirma una vez más la voluntad de los gobiernos de avanzar hacia una región más inclusiva, en un contexto internacional en el cual otras experiencias, notablemente la de la Unión Europea, parecen caminar en el sentido opuesto.
El origen del MERCOSUR, en 1991, tuvo lugar en un contexto político y de pensamiento hegemónico vinculado al Consenso de Washington y las reformas estructurales promovidas por éste en toda América Latina y el Caribe. En aquel marco, durante más de una década, el bloque regional dejó en manos del mercado la orientación del proceso de integración. Las consecuencias de esta elección política son más que conocidas: la profundización de las asimetrías entre los Estados y la exclusión económica, social y política de la mayor parte de la población al interior de cada uno de ellos.
El año 2003 constituyó un punto de inflexión para el MERCOSUR. El comienzo de este profundo cambio quedó sin ninguna duda plasmado en la firma del Consenso de Buenos Aires, por los presidentes Kirchner y Lula, en octubre de aquel año. En ese documento los jefes de Estado planteaban, entre otras cosas, el derecho al desarrollo, la centralidad del rol del Estado y la importancia estratégica de la integración sudamericana, marcando el rumbo que seguiría la región a partir de entonces.
La emergencia del MERCOSUR social no podía tener lugar sino en aquel nuevo marco político. Desde el año 2004 hasta hoy, la dimensión de las políticas sociales en el proyecto regional ha tenido un avance significativo. El primer paso fue la definición de lo social de manera congruente con los nuevos tiempos: desde la perspectiva del reconocimiento de derechos. La declaración de principios del MERCOSUR social, firmada por los cuatro ministros y ministras del área en 2007, que recupera el acervo de acuerdos políticos alcanzados hasta entonces, establece claramente que la dimensión social de la integración regional se configura como un espacio inclusivo que fortalece los derechos ciudadanos y la democracia, desde una perspectiva integral. En ese contexto político e institucional los cuatro Estados parte encaminan proyectos coordinados en áreas sumamente relevantes como la explotación sexual comercial infantil, la soberanía alimentaria o la promoción de la economía social.
La creación, en 2008, del Instituto Social del MERCOSUR, como órgano de apoyo para la definición e implementación de políticas sociales comunes, fue un paso clave en ese sentido. Su consolidación implicó la profundización de un tipo de regionalismo, inclusivo, inédito en la historia de la integración regional latinoamericana, dando cuenta de la relevancia del particular momento que está viviendo la región.
Análisis de Mariana Vazquez, Profesora de la Universidad de Buenos Aires
www.diariobae.com - Buenos Aires, 8 de febrero de 2011 – Pág. 7
terça-feira, 8 de fevereiro de 2011
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